Asociación Argentina de Juristas

Reflexiones y Balance con los mejores deseos para el 2020

 

Cada fin de año, resulta ocasión para reflexionar respecto a la situación de los Derechos Humanos en nuestro país y la región en la búsqueda colectiva de las mejores herramientas jurídicas para defender su plena vigencia.

Nuevamente atravesamos tiempos difíciles y complejos en el Continente.

Nuestro país acaba de cerrar otro período más de la historia argentina en que un gobierno surgido por el voto de la mayoría, gestiona al Estado para beneficio del sector financiero y especulativo minoritario y ya privilegiado históricamente por el sistema socio-económico vigente. Gobierno que regresó a la política de endeudamiento nacional de enorme magnitud, como futura expoliación a las próximas generaciones en la concreción de derechos humanos que impone el sistema jurídico.

Advertimos entonces a la directora del Fondo Monetario Internacional que la deuda contraída era ilegitima, efectuada mediante un procedimiento violatorio de nuestra Constitución, que solo redundaba en fuga de divisas, y el consecuente aumento de la pobreza y concentración de riquezas en capitales transnacionales y especulativos.

La AAJ denunció oportunamente los despidos, la represión injustificable, la endeble calidad de vida a la que se sometió a los sectores más vulnerables a través de tarifazos en los servicios públicos privatizados y el alza de precios de productos comestibles y de consumo general avalados o generados por el propio Estado.

También denunciamos en agosto del año pasado ante el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de jueces y magistrados, que en nuestro país se implementó plenamente el denominado “Lawfare” (guerra judicial) -o Plan Cóndor 2-, utilizando al Poder Judicial para la persecución de líderes políticos, sindicales, sociales, activistas de derechos humanos y empresarios, incluyendo la represión y criminalización de comunidades campesinas y pueblos originarios. Para ello, se valieron tanto de juicios sin las garantías del debido proceso, como del disciplinamiento -incluso extorsivo-, de jueces y operadores de justicia, al punto de intentar la destitución mediante juicio político de aquellos que no obedecían.

Todo ello, se implementó con la complicidad -o el impulso- de los más importantes medios de comunicación masiva. En forma concatenada, los principales funcionarios del gobierno -comenzando por el Presidente- amenazaban públicamente, a los jueces que no sentenciaban como éstos pretendían en materia de derechos laborales, y económicos, sociales y culturales en general.

La citada denuncia fue ampliada en marzo de este año, y reiterada en el 42º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra en septiembre de este año.

De igual modo, conjuntamente con otras organizaciones denunciamos ante la Comisión Interamericana de DD.HH. el profundo retroceso en materia de políticas públicas inclusivas, y las violaciones al PDESC, como la consecuencia propiciada de la aplicación de este plan sistemático o Lawfare., fortaleciendo un sistema socioeconómico neoliberal, excluyente, machista, expoliador y dependiente de las políticas hegemónicas de la principal potencia mundial. El objetivo superior de nuestras denuncias fue la defensa del derecho al buen vivir de nuestro pueblo, no la defensa personal de las múltiples victimas particulares de este plan.

Hemos acompañado además las luchas por los derechos sexuales reproductivos, los objetivos de la plataforma de Beiging, y la igualdad de género, no solo en nuestro país, participando en el Parlamento de las Mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros espacios e iniciativas, sino también en la comitiva que asistió a los trabajos del 63º Período de Sesiones de la Comisión sobre Estatus Jurídico de la Mujer de la ONU, sede Nueva York y , con la invalorable guía de nuestra querida Pila Minyersky, referente imprescindible del movimiento de mujeres.

Con igual convicción, acompañamos la lucha por la libertad de las y los presos políticos, reiterando el reclamo por la aplicación plena de las garantías del Debido Proceso, y un 2020 con las compañeras y compañeros fuera de las cárceles.

A nivel regional, nuestra organización ha denunciado las actuaciones del actual gobierno de Brasil contra el Consejo Nacional de Derechos Humanos y otros Consejos, y ha repudiado los métodos represivos utilizados por el gobierno de Bolsonaro, como la reciente acción inadmisible de la Policía Militar del Estado de San Pablo. Asimismo hemos reconocido a Luiz Ignacio –Lula- Da Silva como preso político, reclamando en todos los foros su inmediata liberación.

Nos hemos solidarizado con el pueblo de Puerto Rico exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Roselló Nevárez.

Hemos condenado el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba por Estados Unidos, contra la aplicación de la ley Helms Burton, y su reciente recrudecimiento, destinada a asfixiar económicamente a su población.

Idéntico repudio nos merecieron las acciones represivas perpetradas por el Gobierno de Ecuador, a las manifestaciones de protesta contra las medidas económicas dictadas en continua traición a la plataforma electoral que llevó a la presidencia a Lenin Moreno.

Ante la grave situación que atraviesa la hermana República de Colombia, hemos denunciado el genocidio de líderes políticos y campesinos; condenado el reciente asesinato de estudiantes y la política de criminalización del derecho a la protesta perpetrada por su gobierno.

Nuestra organización continental, conjuntamente con la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y la National Lawyers Guild, ha repudiado y denunciado las criminales y genocidas acciones represivas del gobierno de Chile contra la justa y pacífica protesta social, de un pueblo que reclama el fin de políticas de hambre y subdesarrollo para la mayoría de sus habitantes. Ello, ante el cínico silencio de gobiernos y organizaciones del Sistema Internacional, que al parecer, sólo exigen altos estándares en materia de DDHH, a los países que no se someten a los intereses de la primer potencia mundial.

Por ello, con igual vehemencia y compromiso alertamos sobre las acciones que intentan derrocar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la participación del Grupo Lima, el peligro de invasión por parte de Estados Unidos, repudiando el brutal bloqueo implementado mediante acciones que configuran verdaderos delitos contra la humanidad. Ante esto, integramos en el pasado mes de noviembre una Misión, conjuntamente con otras ONG de Brasil, México, Italia y Argentina, destinada a verificar in situ la verdadera situación de los derechos humanos en Venezuela. Allí, juntos, pudimos comprobar que el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, no solo carece de técnica y profesionalismo, además resulta perversamente falaz, y fue prefabricado a pedido de Estados Unidos para justificar la profundización de las medidas coercitivas unilaterales destinadas a la asfixia de la población con el único fin de derrocar al gobierno electo presidido por Nicolás Maduro.

La AAJ, oportunamente alertó sobre las maniobras golpistas efectuadas en el marco de las elecciones en la República Plurinacional de Bolivia, señaló la complicidad necesaria del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y emitió un contundente repudio al Golpe de Estado en ese país. En consecuencia, la Secretaria General de esta Rama Argentina, Dra. Cristina Livitsanos y el Dr. Roberto Carlés nos representaron en la integración del grupo de organizaciones que visitaron El Alto, donde no solo se pudieron verificar las aberrantes violaciones a los derechos humanos contenidas en el informe emitido, si no también puso blanco sobre negro, cuando las autoridades de facto, los agredieron y amenazaron en un vano intento por evitar la visita.

Y toda esta lucha fue llevada adelante, tal como nos enseñaron quienes nos precedieron y formaron -algunos presentes físicamente y otros en su legado-: como comprometidos militantes.

Porque la defensa de los derechos humanos necesita militantes convencidos y convincentes que contagien las convicciones de exigir y defender el derecho al desarrollo sustentable de nuestros pueblos, con justicia y equidad.

Nuestro país no solo cuenta con una enorme cantidad de referentes en la materia, este pueblo -más allá de las posiciones político partidarias de cada uno- nos ha dado una nueva lección de resistencia a la opresión y a las presiones para intentar influir sobre el resultado de las recientes elecciones. Ignorando las múltiples amenazas del gobierno de Estados Unidos, de Brasil y otros, así como de los sectores financieros y económicos concentrados y los medios hegemónicos de comunicación, eligió una propuesta electoral que propicia el desarrollo soberano y la redistribución de los recursos económicos, priorizando a los sectores más vulnerables.

Todos los operadores de justicia tenemos la responsabilidad de estar a la altura de nuestro pueblo, en la defensa de sus derechos, contamos con la ventaja de poder transitar ese camino juntos, y sobre hombros de gigantes.

Agradecemos la participación y el acompañamiento de todes, y abogamos para que en este 2020 se materialice las condiciones del “Buen Vivir” en comunidad.

Fraternalmente,
Claudia Rocca
Presidenta
Asociación Americana de Juristas – Rama Argentina