Asociación Argentina de Juristas

Impugnacion de la candidatura como ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de la Dra. María Teresa Day

 

Al Sr. Presidente del Honorable Senado de Mendoza
Sr. Mario Abed
De nuestra mayor consideración:

La Asociación Argentina de Juristas (en adelante la AAJ), rama nacional de la Asociación Americana de Juristas -organización con status consultivo ante la ONU-, que tiene entre sus objetivos, la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, representada en este acto por Claudia Viviana Rocca, en su carácter de Presidenta, y con domicilio en la calle Uruguay N° 485, piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dirige a Ud. a efectos de presentar nuestra formal impugnación a la postulación de Maria Teresa Day como Ministra de la Suprema Corte de Justicia, efectuada por el Gobernador.

En virtud de las razones que serán expuestas a continuación, la AAJ formalmente la postulación de María Teresa Day al cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza toda vez que no reúne la idoneidad ni los requisitos previstos para tal cargo.

En particular, el órgano que Usted preside podrá advertir:

1) Falta de requisitos constitucionales y convencionales:

Podemos afirmar que el principio 10 de los Principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura1 establece que deben seleccionarse personas “íntegras e idóneas” con “formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.

Asimismo, el artículo 24 del Estatuto del Juez Iberoamericano sostiene que deben observarse “mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y las destrezas propias de su función”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que algunos de los aspectos que debe incluirse en la valoración con base en criterios objetivos son “la formación profesional y los años de experiencia requeridos para el cargo”.

Asimismo, la Relatoría sobre Independencia de los Magistrados ha señalado que “deben aplicarse en particular en lo que se refiere a las cualificaciones, la integridad, la capacidad y la eficiencia” y, como complemento, “podrían aplicarse otros procedimientos dirigidos a que el público tuviera una mayor certidumbre de la integridad del candidato”, como “audiencias públicas en que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados tuvieran la posibilidad de expresar sus inquietudes o su apoyo en relación con un determinado candidato” agregando que “uno de los requisitos para desempeñar cargos judiciales es tener una formación adecuada”, recordando que en uno de sus informes sobre una misión a un país “hizo hincapié en que la falta de formación y conocimientos profesionales adecuados conlleva una mayor facilidad de que los jueces reciban influencias”

Respecto del requisito previsto por el art. 152, inc. 3 de la Constitución Provincial, que expresa que para acceder al Superior Tribunal se requiere “Ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u de magistratura”, significa un “ejercicio” efectivo y acreditable, tanto de la profesión liberal como la de juez o fiscal.

El fundamento normativo lo determinan las leyes de colegiación (4976) y las que regulan el acceso a la Magistratura. En relación con lo primero, interesa destacar que el fundamento de la habilitación (y control) por los propios “pares”, a través de los Colegios de Abogados correspondientes a cada jurisdicción, obedece a la importancia que la función abogadil tiene en la comunidad, como intermediadora entre la población general y el Poder Judicial, en el afán de concretar el valor Justicia. Ello se expresa en la traducción del lenguaje natural al jurídico, y en la capacidad de igualador retórico, esto es, en el sentido de que solo un abogado –sujeto conocedor del derecho– es quién está en mejor condición de intentar persuadir al juzgador respecto de los intereses que representa, mediante una adecuada argumentación jurídica. Derivado de esta actuación importante, la comunidad de diálogo democrática sustrae al abogado de las contingencias de poder, delegando en los propios pares el control de acceso, mantenimiento y respeto de la ética profesional. De lo dicho se advierte en la normatividad, que subyace una fundamentación sustantiva.

En consecuencia, sustraerse a la colegiación y al control de pares, por ejemplo, admitiendo que el requisito constitucional estaría cumplido solo desde la fecha de obtención del título, implicaría no sólo convalidar un accionar ilegal e ilegítimo (v. gr., de quien aboga sin matrícula, a través del asesoramiento, redacción de contratos o cartas documentos, la negociación como representante de personas legas, etc., situaciones no siempre advertibles fácilmente), sino también podría sentar las bases de una posible discusión en torno a la necesidad de la colegiación.

En relación con el requisito de la magistratura, se concluye que la manda constitucional debe interpretarse en el sentido de quien concursó, obtuvo acuerdo del Senado y fue nombrado por el PE, cuyos actos principales (decidir sobre la suerte de los justiciables) están sujetos a control de un órgano de diversa representación política (Jury).

En suma, el requisito “ejercicio” se interpreta en el sentido de matriculación acreditada (en el caso del abogado liberal) y haber accedido a la magistratura por la forma reglamentaria vigente (en el del magistrado).

Yendo ya a una cuestión más precisa en la interpretación del art. 152 de la C.M., y su vinculación con otros artículos, la conclusión jurídica lleva a concluir que la Dra. Day no cumple con los requisitos constitucionales para ser jueza de la Suprema Corte de Justicia.

Respecto de la interpretación técnica y jurídica del art. 143 C.M., la misma, en el último párrafo, refiere al lugar donde deben haberse ejercido las funciones de abogado o magistrado para el cómputo de la antigüedad. El art. 143 en la última parte de la norma dice: “Las antigüedades profesionales requeridas por los arts. 152 a 155 de esta Constitución, para ser magistrados o funcionarios del Poder Judicial, salvo el caso de los nativos de la Provincia, deben referirse al ejercicio de la abogacía o a servicios prestados en la magistratura local”. En efecto, esta norma sirve al efecto del cómputo de dónde debieron prestarse los servicios que computen la antigüedad (ejercicio de abogacía o a servicios prestadas en la magistratura local); pero nunca a qué tipo de servicios en sí deben computarse, puesto que ello está indicado precisamente en cada una de las normas referidas. Sería un contrasentido que dos normas regularan lo mismo en modo diferente. Entones, el requisito de la antigüedad específica de las funciones cumplidas –y no del lugar donde se cumplieron- está en el art. 152.

Así, concretamente, el art. 152 dice: “con 10 años de ejercicio de la profesión u de magistratura”.

La diversa redacción que las normas de los arts. 152 a 155 presentan tiene una clara fundamentación. No es lo mismo ser juez de la Suprema Corte, porque el mismo es cabeza de un poder del Estado y, a la vez, un órgano político – repárese que decide, entre otras cosas, en última u originaria instancia la constitucionalidad de las leyes, dirime los conflictos entre poderes, resuelve acciones procesales administrativas y compone la mayoría de la Junta Electoral-, que ser juez de instancias inferiores, las que no tienen estas funciones, entre otras. Asimismo, la precisión de los vocablos no deja lugar a dudas de qué servicios prestados se requiere para el Juez de la Suprema Corte: abogado con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura.

El ejercicio de la profesión de abogado, según la Ley 4976 de Ejercicio de la Abogacía y Procuración –o sea, ya desde el título de la Ley se establece qué significa ejercicio de la abogacía- requiere, según el art. 2, título de abogado e inscripción en la matrícula. Ambos requisitos son condición necesaria para el ejercicio de la abogacía. De carecerse de matrícula o no tener la misma habilitada no puede entenderse que hay ejercicio de la abogacía.

En el caso de la Dra. Day, según los antecedentes que el Poder Ejecutivo consigna en la “nota” enviada al Senado, surge que no tiene ejercicio efectivo de la profesión, ya que en el informe de Oficina de Profesionales dice “…encontrándose en situación de incompatibilidad desde la fecha de su inscripción…”. Lo mismo figura en el legajo de la Dra. Day que tiene en el Colegio de Abogados y Procuradores, ya que allí se consigna que no presenta ejercicio efectivo de la profesión.

Aun más, hay un principio lógico de no contradicción que expresa que es ilógico que algo sea y no sea a la vez. Entonces, si según la Ley 4976 no presenta ejercicio efectivo, según la constancia del Colegio de Abogados en su legajo tampoco y según el informe de la Oficina de Profesionales tampoco, no puede decirse que haya ejercido la profesión de abogada en modo alguno.

Concluyendo, este requisito de tener 10 años de ejercicio efectivo de la profesión de abogado no se cumplimenta en modo alguno.

El otro de los presupuestos de la norma constitucional del art. 152: 8 años en la magistratura. Este sin duda alguna no se cumple ni mínimamente, puesto que sólo son magistrados quienes acceden a los cargos que constitucionalmente requieren para su nombramiento el procedimiento establecido en la Constitución de Mendoza: examen aprobado ante el Consejo de la Magistratura, terna vinculante remitida al Sr. Gobernador, envió del pliego al Senado y aprobación por este con mayoría de bolillas blancas. Este trámite que se prevé para ser magistrado en la Carta Magna local jamás ocurrió en las funciones de la Dra. Day, quien siempre fue, a lo sumo, funcionaria judicial.

Es decir, la Dra. Day nunca realizó ni funciones de abogacía en ejercicio ni de magistrada, por lo que no puede ser candidata siquiera a ser examinada.

Por lo tanto, es inadmisible que la misma sea elegible como candidata a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ya que no cumple siquiera los requisitos del art. 152 Constitución de Mendoza.

2) Los antecedentes y posiciones asumidas por la Dra. Day.

En su rol de Coordinadora de la Procuración, habría colaborado con el Gobierno en la redacción de distintos proyectos de ley cuya constitucionalidad se ha cuestionado y que han delineado el perfil punitivista y autoritario del Ministerio Público Fiscal en el periodo.

Asimismo, su designación ha sido cuestionada por colectivos feministas por sus posiciones contrarias al aborto y ausencia de perspectiva de género.

Estas designaciones en la Suprema Corte de Justicia nos llevan a reflexionar sobre el procedimiento para la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia previsto en la Constitución que requiere una propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Si bien se prevé una audiencia pública previa, a votación de los senadores para la aceptación de los pliegos resulta secreta.

Esto ha llevado a que desde diversos sectores de la sociedad civil se cuestione este procedimiento claramente violatorio del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno que impide a la ciudadanía conocer la identidad y los fundamentos por los cuales cada senador emite su voto, convirtiendo el proceso de designación de jueces en un procedimiento oscuro y poco transparente, donde la designación de los integrantes del máximo tribunal es entendido como un proceso de intercambios de favores políticos ocultos al escrutinio de la opinión pública que se realiza mediante la utilización de un arcaico sistema de bolillas blancas o bolillas negras, según sea considerado el voto positivo al acuerdo o negativo al mismo.

En este sentido debemos recordar que, tal como lo ha señalado la Relatoría sobre Independencia de los Magistrados, los mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, participación y transparencia, contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso”

Debemos agregar que en el contexto actual de emergencia sanitaria, con limitaciones al derecho de reunión la convocatoria a una audiencia pública constituiría una defraudación al único mecanismo participativo previsto para la designación de magistrados del máximo tribunal.

3) El perfil de María Teresa Day.

Desde el punto de vista objetivo, la designación de la Dra. María Teresa Day no supera los estándares de independencia e imparcialidad establecidos en diversos tratados internacionales. (artículo 18 de la Constitución Nacional, en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En particular, no ofrece la “confianza que deben inspirar los tribunales en una sociedad democrática”, al decir de la Corte Europea de Derechos Humanos citada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el conocido precedente Herrera Ulloa.-

La Constitución de Mendoza señala al respecto que:

“Art. 169 - No podrán los funcionarios judiciales intervenir en política en forma alguna, directa ni indirectamente, salvo la emisión del voto; ni ejecutar o participar en actos que afecten su circunspección y la imparcialidad de sus funciones o las menoscaben en público o en privado del buen concepto que debe rodear su persona y el cargo que desempeñan.”

María Teresa Day ha iniciado su carrera como empleada administrativa del Poder Judicial. Se desempeñó como Secretaria en la Cámara Penal de Menores de Mendoza, célebre por haber impuesto tres de las diez condenas a prisión perpetua a Menores por las que la República Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Mendoza”.-

Según señala su currículum, participó en la redacción de la ley que envió Cornejo a la Legislatura modificando los estándares en materia de prisión preventiva que provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara declarando el carácter regresivo de la norma en el informe publicado en 2016.-

Asimismo, participó en la redacción del Código Contravencional, y otras normas cuestionadas decenas de organizaciones sociales por promover la privación de libertad de pobres segregados de espacios públicos, participen en manifestaciones no autorizadas o a quienes ofendan a la autoridad, reinstaurando el desacato derogado después del fallo Verbitsky en 1993 en cumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

María Teresa Day, excedió las funciones meramente administrativas que debía ejercer, interviniendo indebidamente en la criminalización de la Organización Tupac Amaru, llevando los expedientes al despacho del Supremo José Valerio con el fin de presionar a la Jueza interviniente que rechazaba su competencia por la firma de 24 órdenes de allanamiento y detención simultánea de los militantes pretendidas por el gobierno.

Por último, además de las cuestiones genéricas e interpretativas expuestas, cabe una tercera que pasamos a desarrollar.

4) Consideraciones finales:

A lo supra expresado y fundado, cabe señalar con énfasis que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de proponer una candidata que cuente no solo con los requisitos de Constitución provincial y la Ley sino también con los méritos personales, los conocimientos jurídicos y la experiencia necesaria para estar al frente del máximo tribunal.

Hacemos un especial llamado al Senado de la Provincia a ejercer responsablemente el poder otorgado por las y los ciudadanos de dicha provincia, toda vez que -en honor a los argumentos reseñados-, debe rechazar la postulación de María Teresa Day como integrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, corrigiendo así el grave error cometido, en cumplimiento del mandato constitucional.

 

Claudia V. Rocca
Presidenta

 

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